Mientras tanto: “Tres temas gravísimos”

El Quindío vive en los últimos días tres temas gravísimos. 

El primero lo causó el Plan de Alimentación Escolar, llamado PAE, que este año 2022 ha sido un fracaso absoluto para 11 municipios, desde cuando el gobernador Roberto Jairo convocó a una licitación, sin necesidad, pues el ministerio de Educación tiene los mecanismos para manejar el PAE por bolsa mercantil y puede hacerlo sin problemas para el gobernante, pero Roberto Jairo escogió una trocha llena de lodo y espinas cuando tenía una pista amplia para aeronaves con experimentados pilotos desde el Mineducación y él atendido como pasajero. Así de sencillo. Ejemplo, Armenia no tiene problemas con la alimentación para niños. 

Ese repetido incumplimiento del PAE en la gobernación y la licitación pudieron ser demandados por quienes integran el Sistema nacional de Bienestar Familiar (SNBF), sistema que tiene unos agentes encargados de vigilar que se protejan y garanticen los derechos de la infancia y adolescencia, consagrados obligatorios por el artículo 44 Constitucional. Esos “agentes vigilantes” son el ICBF, procuradores e inspectores de familia, veedurías, Contraloría departamental y nacional delegada, Procuraduría Regional, mineducación, alcaldes municipales, magisterio, padres de familia de colegios afectados y la sociedad. Esas entidades fueron creadas para defender a los niños y hasta la fecha, ninguna ha denunciado esa tortura. Así funciona el Estado. 

El segundo tema es consecuencia del primero. En vista que las entidades obligadas a proteger a 30.000 niños y a denunciar el incumplido contrato no lo hicieron, el diputado Serna de Colombia Humana y la concejal de Armenia Stefany Gómez, denunciaron penalmente al gobernador ante la Fiscalía, porque Roberto, dicen ellos, permitió el incumplimiento del operador del PAE escogido, celebró contratos faltando requisitos legales, también fue denunciado por prevaricato por acción y por permitir la cesión del contrato estando impedido para hacerlo. El prevaricato ocurrió, dicen los demandantes, cuando en la adjudicación se denunció que el escogido por la gobernación presentó documentos falsos para ganar la licitación y pese a esa advertencia, la gobernación lo otorgó. Los fiscales decidirán.

Los demandantes adjuntaron las presuntas pruebas. La certeza del fracaso está en que el operador incumplido fue sancionado por la gobernación con el uno por ciento del contrato; algo así como darle una “terrible paliza” a alguien, pegándole con una media velada. Así cualquiera se expone. 

De máxima gravedad el tema tres. El pasado sábado en la mañana, según denuncia penal presentada en la Fiscalía por el diputado Luis Carlos Serna, fue atacada su residencia y violentada con explosivos la puerta de entrada con su familia dentro de su hogar, cuando Serna asistía a una reunión de su partido político. 

Ha sido el diputado Serna el opositor más serio y “frentero” que tiene el gobernador Roberto. 

Punto seguido: Es importante que el gobernador pida a la Fiscalía urgencia en la investigación por la explosión en la residencia del diputado y expresarle a Serna la necesidad de encontrar a los culpables. Eso permitirá borrar las arengas que ya hacen contra el gobernador culpándolo del atentado y que particularmente no creo. Hay que evitar los réditos políticos de parte y parte. 

Punto y aparte: La investigación penal por incumplimiento del PAE y contra la licitación y el contrato que originaron estos gravísimos temas, podría tener el mismo final que los alimentos ofrecidos por el escogido operador; “una licitación podrida y un contrato oliendo feísimo”. 

Punto y coma: Para defender el fracasado PAE de la gobernación del Quindío, argumentan que los problemas de Génova suceden porque está lejana a una hora de Armenia. Comparemos; San Pedro de Urabá está a 8 horas de Medellín. 

Girardot dista 3 horas y 8 minutos de Bogotá. 

Cubará está a 9 horas y media de su capital, Tunja. 

Penosa y ridícula defensa.