La semana ha sido prolija en providencias y en críticas positivas y negativas en y para la justicia colombiana. Unos se rasgan las vestiduras por la postura de las cortes, y otros aplauden desde la gradería como si fuese una providencia judicial el resultado de una contienda emocional-política, o simplemente porque favorece o está contravía de sus intereses al decisión del togado.
Históricamente la justicia en Colombia ha sido reconocida como el fiel de la balanza en medio de los constantes enfrentamientos de los colombianos, y ha logrado conseguir que su reconocimiento permita que los intereses individuales o colectivos sean garantizados. Obviamente que con sus excepciones y con comportamientos aislados de algunos togados que desdicen de la recta y cumplida justicia. No obstante en los tiempos que corren todos a una aspiran a una reforma que permita recobrar la credibilidad en la misma, pero para ello debemos entender que tenemos y como ha sido su construcción.
En los primeros sesenta años del siglo XX la justicia se impartía por parte de jueces que obedecían más a un sector de la nación que a todos, pero hasta el pacto nacional y en los siguientes años, después del frente nacional, los magistrados y jueces eran nombrados mediante el procedimiento de la cooptación, es decir nombrados por esa élite judicial, bajo la directriz de la paridad de magistrados y jueces, liberales y conservadores, que fue un mandato de carácter constitucional. Puedo entender que los jóvenes digan que no es posible que para administrar justicia se deba afiliar a un partido. Pero la triste realidad es que hasta el Borrón tuvo que firmar una hoja de vida para decir a qué partido pertenecía, y poder ser nombrado en un cargo menor en un juzgado en Colombia en el año 1980, por ejemplo.
Después de la constitución de 1991 se dio apertura al ingreso de personas con las capacidades necesarias para acceder al poder judicial, pero se reservaron la dirección de la misma en personas que si bien fueran ternadas, esas pasan por el legislativo en un hecho que no deja de ser perturbador. Aquí entonces empieza la discusión sobre la independencia de las ramas del poder público y la necesidad de absoluta imparcialidad de las decisiones judiciales, así como de la independencia del poder judicial.
Faltan muchas reformas para lograr un sistema que se acerque más a la necesidad que tiene el país de aplicación de decisiones judiciales a los problemas diarios de los ciudadanos e instituciones y la eficiencia que requerimos. Pero no pueden seguir pidiendo que las decisiones judiciales obedezcan a los intereses de los partidos, sino a la defensa de la ley y la constitución.
Janil.avendano@gmail.com
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