A ciertos cenáculos del poder, anillos cerrados, les interesa el olvido exprés. En sus lógicas, en sus formas de abordar la realidad, los hechos objetivos, los pocos que se puedan prefigurar, son inventos de gente del común. La desmemoria es una aliada, cómoda, para evitar el argumento y la crítica.
Aquí hubo a finales del siglo diecinueve, por cuenta de La guerra de los mil días, arremetida del partido liberal contra un gobierno conservador, un mínimo de cien mil caídos, en los cálculos más optimistas y algunos hablan, por sus investigaciones, de cerca de trescientos mil muertos.
En todos los casos, los partidos tradicionales, que auparon esa guerra civil, jamás avalaron una averiguación seria y solo sabemos de esa barbarie por unos pocos libros y por fragmentos de nuestra historia, o por novelas tan maravillosas como las de Rafael Baena, La guerra perdida del indio Lorenzo, o El año del sol negro de Daniel Ferreira, una construcción monumental y bella de lo ocurrido en esas batallas, claro, pero también en el corazón de los jefes de esos ejércitos.
Un fenómeno similar, el del olvido prefabricado, ocurrió con la Guerra Civil de 1948, una cascada de eventos dirigidos a silenciar a quienes pedían acceso democrático a la tierra fértil. No podemos simplificar ese proceso de exterminio a la muerte de un líder, importante como Jorge Eliécer Gaitán, porque obedeció esa crueldad de mitad de siglo veinte al objetivo de apropiarse del territorio y de devolver, como contrarreforma, las manecillas del reloj de la historia.
Los campos de Colombia, para desconocer las políticas de López Pumarejo, en especial la Ley 200 de 1936, fueron sembrados, infestados, de cadáveres. En el Quindío, donde muchas anomalías se ignoran o se olvidan de manera conveniente, fue escenificado el rito sangriento de millares de esos muertos, parte de los más de doscientos mil que nos dejó esa orgía violenta que llegó, después de la creación de las guerrillas y de los grupos paramilitares, a una mesa en La Habana.
Ocho millones de víctimas, desplazadas por todas partes, pobreza por doquier, no permearon la emoción de algunos que desconocían, y desconocen, el conflicto político existente en Colombia desde casi la misma constitución de la República.
Es un olvido intencionado, porque existen poderosos intereses de por medio: a los terratenientes y grandes propietarios, los seduce la desmemoria grupal; al Ejército y a la Policía, la verdad histórica les quita su fachada, hecha de suspiros y reclutas muertos, de heroísmo; a algunos banqueros y empresarios, los pone en su sitio de mercar, es decir como la de propiciadores de una masacre continuada en los campos. A la prensa, a la gran prensa, porque ha escarbado poco en las razones de una barbarie que se esfuma cuando aparecen las divas del entretenimiento o las fumarolas de lo vertiginoso y banal de nuestra realidad.
Darío Acevedo, el Director del Centro de Memoria Histórica, nombrado por este gobierno inane, quiere sepultar las verdades incómodas de un largo conflicto y las más recientes, las que competen a la seguridad democrática, política pública que desató la desaparición y la muerte de millares de jóvenes y que ahora, por omisión, facilita el asesinato de nuestros líderes sociales. Ahora, al gobierno nacional le dio por seguir negando el conflicto, para mutar, por su torpeza, en el hazmerreír de las organizaciones que defienden en América la búsqueda y consolidación de una memoria colectiva.
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