Para una economía productiva

El anuncio del presidente Petro sobre los bienes en extinción de dominio, hoy a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para incorporarlos a un modelo de economía productiva aunque en el momento no sea viable desde el punto de vista jurídico, es razonable y en diferentes ocasiones ha sido tema de controversia por la cantidad de inconvenientes de todo orden que deben enfrentar desde el mismo momento que es decretada la medida contra sus ilícitos propietarios o poseedores para pasar al control y dominio del Estado.

En este espacio, ya en ocasiones anteriores, se ha cuestionado la forma como son tratados esos bienes que si bien, han sido el producto de actuaciones por fuera de la ley como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la explotación de personas, el desfalco de los dineros públicos, incremento patrimonial no justificado, entre otras actuaciones ilegales, deberían, cuanto antes con la celeridad requerida, ser aprovechados para resarcir en buena forma los daños que han ocasionado a la sociedad y al Estado, evitando al máximo su deterioro, su abandono, su rápida destrucción y por ende su desvalorización en ocasiones hasta hacerse inservibles; todo por razones de negligencia, de tramitomanía administrativa, de índole legal o de ausencia de voluntad para hacer más agiles y apropiadas las gestiones tendientes a reincorporarlos a la actividad productiva, como lo requiere un País con tantos problemas sociales,  una población sedienta de oportunidades laborales y de reivindicación humana urgida de que se le atiendan sus necesidades básicas insatisfechas.

En buena forma, esto debiera ser parte de las reformas a la justicia que con tanta insistencia clama la nación, haciéndola más ágil, de pronta y eficaz respuesta, sin tantas dilaciones como a las que hoy se ve sometida y sobre todo con tantas gabelas en favor de los delincuentes.

Se sabe que en el momento, la Ley 1708/2014, establece una serie de condicionamientos que hace inviable, en principio, este anuncio presidencial, en particular sobre entregarle la administración de estos bienes a asociaciones de campesinos, a organizaciones de jóvenes  y mujeres emprendedoras; por ende será necesario que presente al Congreso un proyecto de reforma que así se lo permita para lo cual seguramente podrá contar con el respaldo parlamentario suficiente, si es que no empiezan a surgir los tropiezos de parte de quienes poco interés tengan en que así sea.

La parte de mayor atención hace referencia al artículo 91 sobre administración y destinación de los recursos resultantes de tales bienes, que deben ir: 25% para la rama judicial, 25% para la Fiscalía General de la Nación y el 50% restante para el Gobierno Nacional.

Pero, igualmente, en caso de cristalizarse, la decisión deberá contar con una reglamentación muy clara que asegure el buen funcionamiento y administración de estos bienes en poder de estas organizaciones, que en ocasiones, igual presentan también sus falencias en materia de funcionamiento administrativo y financiero, para que en última instancia no resulte peor el remedio que la enfermedad. Que se asegure en esa reglamentación que las organizaciones seleccionadas para cumplir con esta labor, cuenten con una adecuada trayectoria, cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados como garantía que haga posible su exitosa gestión.  

Que cuenten con la supervisión, el apoyo y el seguimiento profesional. En nuestra región y en muchas otras partes del país se han tenido experiencias de procesos productivos en manos de asociaciones, que no han funcionado en la debida forma y que en concordancia con lo expuesto en materia de economía productiva, igual deberían contar con la posibilidad de que los bienes recibidos puedan ser transferidos a otras organizaciones que ofrezcan mejores condiciones  de operación y explotación económica, cuando los concesionarios originales no muestren los resultados esperados.