Precaria justicia con ciberdelincuentes

Ante los avances tecnológicos del mundo moderno, son muchos los retos que debe enfrentar la justicia para hacer posibleo su mejor y máximo aprovechamiento tanto a las personas como a las instituciones frente a las permanentes amenazas que sobre ellas representa el fuerte avance de la ciberdelincuencia. Igual debería ser motivo de cooperación internacional en la lucha contra tal delito.

A diario las autoridades reciben innumerables denuncias por el alto volumen de fraudes contra quienes utilizan los servicios que ofrecen las diferentes plataformas digitales en particular para transacciones comerciales, frente a las cuales se plantean mecanismos de prevención que en ocasiones resultan insuficientes o simplemente no son tenidas en cuenta en la debida forma por los usuarios.

Uno de los mecanismos que origina y facilita la acción delincuencial en la red, es la libertad que tienen los operadores del servicio de telefonía móvil de vender sin restricción alguna  Simcard, esto sin los datos de identificación, ubicación y demás personales del comprador usuario que permitan a las autoridades determinar la responsabilidad por cualquier uso indebido de tal elemento, circunstancia que es aprovechada para cometer delitos como extorsiones, estafas, amenazas en las redes sociales entre otros, pues una vez logran su cometido, simplemente las destruyen, sin que quede evidencia alguna del hecho y de su autor, pues en caso de dineros transferidos, en las plataformas oficiales de pago utilizadas, increíblemente tampoco ellas saben quién fue el receptor final. De ahí que siempre será necesario hacer las transferencias a una cuenta y usuario debidamente identificado por quien las hace. Al respecto, el legislativo está en mora de introducir normas que regulen esta situación como ya se ha planteado, pero hasta ahora, no lo ha hecho. Y frente a las nuevas posibilidades que ofrece la IA (Inteligencia Artificial) esto se hace más urgente, pues la acción delincuencial va a adquirir nuevas y preocupantes modalidades, cada vez más complicadas de detectar por los usuarios de las redes sociales. Un fiscal que atiende estos casos, explica que el hecho de suministrar el número de identificación en determinados establecimientos comerciales sin que especifique de su parte la autorización del tratamiento de datos personales (habeas data) para su uso exclusivo y acorde con la legislación vigente, genera la posibilidad que la base de datos resultante pueda ser  aprovechada por otras personas o entidades para acceder a su información personal con finalidades de diferente índole, en casos lícitas, pero también en la mayoría, ilícitas. Por ejemplo, los mensajes de texto que originan innumerables estafas, se han vuelto cada vez más usuales, para el envío de notificaciones e información en forma viral y son abiertos y leídos por una gran mayoría de usuarios, según las estadísticas conocidas. De allí que quien reciba estos sms (mensajes de texto) con supuestos anuncios de bloqueo de claves, envío de paquetes que no ha pedido, ofrecimiento de servicios o artículos que no corresponden a la plataforma oficial del vendedor, u otros sospechosos o nada seguros, deben ser desechados, sin atender sus requerimientos para así evadir el intento de fraude.

Grave igual que la justicia vigente no se adapte a los avances tecnológicos para que las autoridades de policía puedan actuar con la celeridad y efectividad pronta frente a la evidencia de un delito, tal como aconteció en estos días con un robo de celular que logró

ser ubicado luego en la casa de los ladrones mediante el uso del GPS pero ante la falta de una orden de allanamiento, no les fue posible ingresar a los agentes para verificarlo y recuperar el aparato, pues obvio tampoco los presuntos delincuentes lo permitieron.