Reformas para mayor incertidumbre

Más incertidumbre que tranquilidad siguen generando los anuncios de reformas que, desde el inicio de su gobierno el pasado 7 de agosto, ha hecho el actual gobierno a través de sus ministros en los diferentes campos de la actividad económica, política, laboral, administrativa, justicia, salud y demás de la actividad pública. 

Sobre la pensional, corresponde a una de las más urgentes con el fin de evitar en pocos años el colapso del sistema, bajo las condiciones que opera en la actualidad con tan bajo porcentaje de la población que hoy cubre aportando cotizaciones, por diferentes razones: Primero, la altísima informalidad bajo la cual se mueve nuestra economía y cuyos empresarios en buena proporción se abstienen de cotizar tanto para ellos como para sus colaboradores. Segundo, la alta cantidad de trabajadores independientes, quienes en buena proporción tampoco se preocupan por hacer esta importante provisión pensando en sus años de vejez y retiro de la vida productiva. Tercero, la considerable proporción de personas que viven del rebusque en la modalidad del empleo disfrazado o que simplemente jamás se vinculan al mundo laboral, terminando muchos en la vulnerabilidad de la calle, pues ni estudian, ni trabajan. Para ese amplio sector de la población ya en edad de retiro y quienes no cuentan con un ingreso mínimo de subsistencia, la reforma del gobierno Petro, según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, contempla en un pilar que llama “solidario” establecer un ingreso mensual de medio salario mínimo para un costo anual estimado en unos $20.2 billones con recursos al parecer extractados de los fondos privados, como lo ha dado a entender desde su campaña electoral el presidente Petro. Un segundo pilar contributivo para quienes devengan hasta 4 salarios mínimos mensuales y quienes deberán hacer sus aportes al régimen de prima media en Colpensiones.

Y el tercer pilar para personas con ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos privados de pensiones y cesantías. Este anuncio ha levantado polvareda en los medios relacionados con el tema, hasta el punto de ser calificado como desastre mayúsculo por el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, considerando que el traslado del 85 % de las cotizaciones al régimen público, seca las AFP y el mercado de capitales, se gasta ese ahorro en subsidio, aumenta el déficit del sistema con su efecto fiscal, pues no hacen cambios paramétricos que lo reduzcan.  

Curiosamente en el planteamiento original, no se hace referencia al tema que mayor inquietud y reacción genera dentro de nuestra clase política, encargada de analizar, discutir y aprobar los cambios, como es el de los subsidios que en su mayor proporción benefician básicamente a las personas con los más altos ingresos en el país, una de las mayores injusticias que genera la más alta inequidad del sistema, tal como lo han planteado diversas instituciones y analistas como el centro de estudios de la Anif, sin que hasta ahora, ningún gobierno se haya atrevido a corregirlo dentro de sus reformas propuestas. La razón salta a la vista, pues ellos y sus círculos cercanos serían los damnificados. Igual se recuerda que dentro de las propuestas de las últimas reformas tributarias, esa misma clase dirigente representada en los partidos políticos con personajes de altos ingresos incluidos pensionados de iguales rangos de mesadas, se opusieron a que les fueran gravadas, en un acto de engañosa gestión en favor de todos los pensionados del país, cuando era claro que quienes devengaban menos de $13 millones, no les iba a afectar tal carga. Finalmente, los gobiernos de turno resultaron cediendo a esta presión y retiraron esta propuesta. Con razón el columnista de El Colombiano David González Escobar se hacía la pregunta “¿Con qué legitimidad puede defenderse el “progresismo” de una reforma cuando esta ni siquiera fue capaz de gravar las pensiones subsidiadas que reciben menos de 10.000 colombianos?”.