…revalidaríamos la afirmación de Hannah Arendt: “El mal radical no es la maldad intrínseca de algunos individuos, sino la capacidad de cualquier persona de participar en un sistema que normaliza la inhumanidad”.
La absolución de Uribe no sería un simple cierre judicial. Sería un incidente de sombrío impacto político, institucional y social para Colombia, poniendo en entredicho la legitimidad del sistema judicial, la confianza ciudadana en el Estado de derecho y el equilibrio entre poderes, en una democracia martirizada por décadas de marcada divergencia ideológica y corrupción estructural. Una decisión favorable, reforzaría su insistente narrativa de persecución política, machacando ser víctima de conspiraciones de izquierda. Su absolución sustentaría tal idea entre sus partidarios, fortaleciendo la visión de desconfianza hacia el poder judicial al que acusan de actuar con sesgos ideológicos. En un país donde las instituciones han sido endebles, dicha narrativa socavaría la credibilidad hacia el sistema judicial por buena parte de la opinión pública. Tal impacto no se limitaría al uribismo. Sectores democráticos, progresistas o de izquierda, entenderíamos la absolución como prueba de impunidad estructural beneficiando poderes hegemónicos tradicionales. Se desarrollaría el discurso de que en Colombia la justicia no hurga a los intocables, y que las élites políticas y económicas gozan de privilegios legales, lo cual desembocaría en radicalización de sectores juveniles, activistas y movimientos sociales que descubren al Estado como aparato perpetuador de desigualdades y protector de quienes cometen graves abusos de poder. Si 82 es declarado inocente, tal absolución relanzará su deteriorada figura como actor central del escenario político nacional, reagrupando la derecha para intentar influir en elecciones presidenciales de 2026; o posicionar un candidato presidencial afín. Su regreso como “víctima” absuelta, reanimaría los cimientos de un uribismo en crisis, acentuando otro nefasto ciclo de polarización política. Petro ha sido crítico del poder judicial en varios momentos. Por lo tanto, el fallo favorable a Uribe se entendería como muestra de alineación política dentro de ciertos sectores de la Fiscalía y de los jueces, deteriorándose más la frágil institucionalidad democrática colombiana. En lo internacional, la imagen de Colombia puede sufriría un revés porque organismos de derechos humanos y medios internacionales, siguen el proceso muy atentos y analíticos, y una absolución sin argumentos jurídicos sólidos, se interpretaría como signo de impunidad, afectando la reputación del país en cuanto a su compromiso con la justicia transicional y los derechos humanos. Tal absolución no cerraría una etapa, abriría una nueva fase de confrontación ideológica y agudización de la crisis de confianza en la justicia. Está en juego la suerte de un expresidente y el sentido de justicia en una democracia con heridas históricas aun sangrando. “Señora juez, tengo setenta y tres años. Con todo respeto pido a usted, en mi alma, que me absuelva”.
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