Sin ambiente para acuerdo nacional

Más daño que bien le hacen al País esas polémicas circunstanciales que protagoniza el gobierno ante asuntos de tanta trascendencia que le plantean los representantes de diferentes sectores de la producción, en busca de respuestas y soluciones concretas  a la problemática que enfrentan, lo cual representa el peor ambiente para ese acuerdo nacional que pregona .

Primero, en materia de seguridad, para nadie son secreto las serias dificultades que se registran en diferentes departamentos, agudizadas ante la proximidad de las elecciones, cuando varios grupos al margen de la ley adelantan acciones que buscan torpedear el proceso en unos casos, en otros incrementar sus actos de extorsión, secuestro, asesinatos, confinamientos, desplazamientos forzados, sometimientos, alcaldes amenazados obligados a abandonar sus municipios, como lo han denunciado los gobernadores a través de la Federación de departamentos, ante lo cual reciben como respuesta del ministro del Interior, el despectivo calificativo de hipócritas y del ministro de Defensa desmintiendo sus aseveraciones, tratando de tapar el sol con las manos. Situación que aumenta los temores sobre el anunciado proyecto de reconciliación nacional que dejaría en libertad reconocidos y peligrosos delincuentes.

Segundo, respecto a la situación a pérdida que afronta la caficultura colombiana, cuando los precios vigentes que les pagan las cooperativas a los productores, no alcanzan a compensar  los costos de producción, frente a lo cual se espera que el gobierno nacional les tienda una mano  a través de la Federación Nacional de Cafeteros, mientras el presidente amenaza a la entidad con quitarle el manejo del Fondo Nacional de Café que corresponde a  aportes parafiscales que los caficultores pagan con destino a la defensa del cultivo. Al respecto, incurre el presidente Petro en señalamientos inexactos cuando supuestamente habla de 25 vice presidencias con salario de $120 millones y el gerente general con $200 millones, que el actual titular aclaró que es de $60 millones. En la plataforma de la Federación, la estructura administrativa actual aparece con cinco gerencias incluida la general. Si valdría la pena claridad sobre su presupuesto de gastos administrativos y que en lo referente a la si necesaria reestructuración, se plantearan asuntos concretos sobre precios de sustentación en momento de tanta dificultad como el presente.

El tercer asunto, de mayor cuidado aun, el anuncio de las tres más grandes EPS del País, Sura, Sanitas y Compensar sobre las dificultades financieras que las podrían llevar a la suspensión de servicios después del próximo mes de septiembre, para más de 13 millones de usuarios, ante lo cual la primera reacción del  ministro de Salud es recriminarles porque supuestamente no han reaccionado igual cuando han generado utilidades. Absurda respuesta cuando se supone que ninguna organización puede laborar o sostenerse a pérdida y que solo con utilidades pueden crecer y avanzar para garantizar su adecuado funcionamiento. Y más ilógica la posición del presidente de pagar directamente a las IPS sus servicios, en una actitud de presión para la reforma con la que busca el monopolio estatal del servicio de salud. Nadie quisiera vivir un momento de caos en su salud y de sus seres queridos como el que se desataría en caso de suceder lo anunciado, al no saber a quién ni a dónde acudir para cualquier atención médica. 

Y el cuarto, la presentación al Congreso del mismo proyecto de reforma laboral que tantas observaciones de inconveniencia para el empleo formal ha recibido del empresariado colombiano, sin que sean tenidas en cuenta por un gobierno caracterizado por la terquedad, lo que seguramente conducirá a lo mismo de las otras presentadas. ¿Qué acuerdo nacional puede prosperar en estas condiciones?