Era la 1 y 19 minutos de la tarde del lunes 25 de enero de 1999, y un terremoto con epicentro en el municipio de Córdoba, Quindío, de magnitud 6.5 en la escala de Richter; estremeció al departamento del Quindío y al Eje Cafetero, cambió la vida de los habitantes de Caldas, Risaralda y Quindío; ese fue, sin duda uno de los desastres naturales más destructivos en la historia del país.
Son innumerables los testimonios, entrevistas, reportajes, crónicas habladas y escritas; documentales y artículos periodísticos, que sobre la afectación y la cantidad de víctimas del sismo de finales del siglo pasado que se han generado durante estos 27 años. Sin embargo, este episodio no se debe recordar únicamente por su letal devastación, sino que debe tenerse como un referente para el estudio, análisis y reflexión sobre la prevención, gestión, atención y mitigación de riesgos de desastres.
Cómo suele ocurrir en Colombia, las medidas importantes de apoyo, atención y solución a problemas puntuales son pensadas y creadas después de las contingencias y, casi nunca, antes de las mismas. El ejemplo más contundente lo encontramos con la avalancha de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, con cerca de treinta y dos mil muertos, y algo así como tres mil desaparecidos, hasta esa fatídica fecha no existía en el país, ninguna entidad encargada de la prevención y atención de desastres, a pesar de los efectos catastróficos de esa tragedia, tuvieron que transcurrir tres años, para que el 2 de noviembre de 1988 mediante la Ley 46 de ese año, se creara y organizara el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; antes existían por ahí “oficinitas” en Bogotá y tal vez en Medellín, que hacían torpes e inútiles intentos asociados a la “prevención”.
En el 2012 a través de la Ley 1523, se crea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero no como una entidad nueva, realmente lo que esa norma hizo fue transformar el anterior sistema, otorgándole la capacidad de alinear los organismos de socorro y las autoridades territoriales y nacionales para la prevención, respuesta y atención de contingencias.
Es evidente que esa normativa ha sido determinante en la consolidación de un marco jurídico que establece las responsabilidades tanto del Estado como de los ciudadanos. El espíritu de la Ley ha sido determinante porque no sólo plantea la imperiosa atención de emergencias, sino que también le da la importancia necesaria a la prevención, la respuesta oportuna y atención eficiente a las contingencias. Infortunadamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha sufrido durante el gobierno de Gustavo Petro, golpes letales de corrupción y mediocridad administrativa a su estructura y funcionalidad, lo que hace urgente que los gobernantes territoriales entiendan que la colaboración y coordinación entre las entidades departamental y municipales son esenciales para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante las emergencias. La conmemoración de la tragedia del 99 debe ser ante todo el recordatorio de la importancia de la prevención y la gestión del riesgo y una oportunidad para el fortalecimiento y preparación ante las contingencias.
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