Son tantos y tan graves los motivos que le ha dado Petro a la institucionalidad en su incursión por la administración pública desde su paso por la alcaldía de Bogotá, que ya le perdió hasta el respeto con su acostumbrada amenaza de acudir a las bases populares buscando el apoyo que no encuentra para imponer sus caprichos y reformas sin admitir la más mínima modificación.
Siempre encuentra personajes genuflexos que le acolitan, aplauden sus salidas en falso y le alimentan su ego, haciéndole creer que tiene razón y que, en su calidad de jefe de Estado, puede imponer por decreto todo lo que le niegue el Congreso, así la ley diga lo contrario. En este tipo de maniobras jurídicas, aparece muy experto el personaje designado ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, ex fiscal y ampliamente cuestionado en su trayectoria por presuntas irregularidades, aunque curiosamente nunca condenado judicialmente. Se recuerdan los casos del contrato con Natalia Springer, politóloga por más de $4.200 millones en 2015, la compra de una aeronave por US$13 millones, cuyo valor comercial se estimaba en mucho menos en 2020 y el aumento en la planta de personal de la Fiscalía en más de 4.000 plazas, sin aparente justificación entre otros casos. Hoy con tales antecedentes, es premiado por el gobierno del cual ha disfrutado además contratos por $1.789 millones, según Daniel Briceño.
Las instituciones han contado con suficientes elementos de juicio para intervenir y detener esta maraña de irregularidades de Petro, comenzando por los gastos desaforados de campaña por encima de lo permitido y con presuntas fuentes ilícitas de financiación, según lo denunciado por su círculo cercano, los graves casos de corrupción de su gobierno, sus voces azuzando a la violencia y su total falta de gobernanza, con tan pobre balance de ejecución en todos sus frentes: Una situación fiscal que según pronósticos del B. de Bogotá, podría cerrar este año con déficit del 7,8% del PIB, frente a una caída en los ingresos de $27 billones y un gasto excesivo de $21 billones, con énfasis en carga burocrática y de contratación. Su anuncio de suspender la regla fiscal utilizando la cláusula de escape (ley 1473/11) frente al déficit que ya supera los $120 billones, con mayor pérdida de credibilidad para el País y mayor costo de su deuda. El decreto 0572 adelantando el recaudo de impuestos del año entrante, aumentando tasas de retención y autorretención y modificando el cálculo del anticipo del impuesto sobre renta, además de generar problemas de caja al sector productivo, le dejará al próximo gobierno profundos huecos fiscales. Y sobre la última salida de rompimiento institucional, su enguanda de consulta popular, claramente violatorio de la constitución, representa nuevo y contundente reto a nuestra dirigencia para demostrar sus agallas, enfrentarlo en la defensa del País y su democracia, sin dejarse amedrentar por las amenazas populistas de “estallar la revolución”. Apropiada la decisión del presidente del Senado Efraín Cepeda de acudir preventivamente a la ONU y C.I.D.H. denunciando tales hechos.
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