El rango de confianza del colombiano común respecto a quienes gobiernan su localidad, región, país, viene reduciéndose hasta mínimos críticos. Residuos de ingenuidad, de candor ciudadano, alimentan en algunos expectativas, atisbos de esperanza; pero entre sucesivos desengaños y frustraciones en cuanto a realizaciones concretas, traiciones a principios éticos o a promesas, certezas sobre el turbio origen de recursos en las campañas electorales e igualmente perversos manejos del erario, sin resultado distinto al desgreño público y al deterioro social, la erosión del ánimo popular y de seguridad en la institucionalidad, van creando un clima de mórbido escepticismo, de generalizada incredulidad en lo político.
El Quindío, para desgracia y oprobio de sus habitantes, se ha consolidado como referente nacional en corrupción. La lista de funcionarios condenados por la justicia penal y administrativa durante las últimas décadas, lidera en extensión y en rango de funcionarios, los registros nacionales, confirmando, periodo tras periodo, que, tanto las opciones que ofrecen los cacicazgos tradicionales, como aquellas presentadas al electorado, rotuladas de alternativas de renovación, transparencia, probidad, tienen origen y soporte en los mismos grupos político-financieros, que han transformado las administraciones en meros agentes a su servicio, ejecutores de un libreto impuesto, sin posibilidad de trasgresión. El grueso público lo ignora, ningún medio osa denunciarlo, pero sotto voce se conocen los vínculos de cada campaña, de cada candidato, mujer u hombre, con las “corporaciones” anónimas que los financian; las mismas que una vez elegidos, controlan su actuación en el cargo respectivo para asegurar el opíparo lucro esperado. El tristemente célebre ex congresista, Martínez Sinisterra, lo expresaba con cinismo: ¿Para qué narcotráfico, existiendo municipios y departamentos?
Las administraciones, departamental y municipales, que inician sus periodos de cuatro años, sin aplicarles juicios a priori, tienen la oportunidad irrepetible de lavarle la cara, de dignificar, para los quindianos y frente a la opinión nacional, el ejercicio de gobierno. Cada uno de los entes a administrar muestra carencias, problemáticas, urgencias coyunturales o endémicas que requieren atención inmediata y efectiva. Una de las primeras, la formulación de planes de desarrollo, desde luego acordes con los programas de gobierno inscritos en la campaña electoral triunfante, pero consultando también las aspiraciones de la ciudadanía, partidarios o no de su nombre, organizaciones populares, entidades, instancias de participación democrática, buscando acertar en la búsqueda del bien común. Es deseable que los nuevos, gobernador y alcaldes, en esta oportunidad, como en ninguna anterior, si desean éxito visible en su desempeño, y tranquilidad personal, lo tengan claro: no fueron elegidos para gobernar de manera excluyente con y para quienes votaron por ellos. Deben hacerlo con y para todos, sin distingos. Además, si llegan a los despachos con el único mezquino propósito de resolver sus finanzas particulares, atendiendo con prioridad compromisos económicos o politiqueros pre adquiridos, les espera el fracaso, las sindicaciones, juicios, condenas, y la cárcel.
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