Alberto Arce Londoño

Con el argumento expuesto por Petro para justificar la destinación de $10.000 millones de dineros públicos para su defensa personal y de su círculo familiar ante su inclusión en la lista Clinton por parte de Estados Unidos, manifestando que “tiene derecho a su defensa como servidor público” cuestiono si podría abrirse un antecedente en caso de que las autoridades de control fiscal y constitucional así lo admitan.

Algo claro con la controversia del salario mínimo decretado por el gobierno para el presente año y con otras determinaciones bajo la influencia directa o indirecta del ejecutivo, es la vulnerabilidad de nuestra legislación vigente en las relaciones de esta rama de poder con la legislativa y jurisdiccional, por sus mecanismos utilizados para tratar de imponer sus ocurrencias mediante decretos y la cantidad de recursos jurídicos a su disposición.

Conociendo los antecedentes, era de esperarse que, de los asuntos tratados por los presidentes de Colombia y Estados Unidos este 3 de febrero, solo se hubieran presentado a la prensa los temas centrales de lucha contra el narcotráfico, las sanciones para el país, para Petro y su entorno más cercano y las posibilidades de mutua colaboración más no las muy seguras exigencias de Trump sobre garantías al respeto y transparencia en el proceso electoral colombiano, para evitar situación como la vivida con Venezuela y sobre todo de modelar su lenguaje y posición en las relaciones con el país del norte. Ver para creer los resultados concretos de esta reunión.

Inconcebible, inaceptable y contradictoria frente a lo que tanto ha invocado Petro sobre la defensa del trabajador, la masacre laboral en estos últimos días, previos a la finalización del plazo antes de entrada en vigencia de la ley de garantías este 31 de enero, sacando centenares de funcionarios con décadas de experiencia, algunos próximos a pensionarse, para reemplazarlos por personas inexpertas en los diferentes ministerios.

El gobierno Petro ratifica de nuevo sus incoherencias en materia fiscal, dando la razón al Congreso de la República al negarle su reforma tributaria y a quienes han calificado de ilegal, innecesaria e inconveniente su emergencia económica para crear nuevos impuestos.

Cargado de polémicas y trascendentales noticias terminó el 2025 y comenzó este 2026, con fuerte incidencia en la actividad política, económica y social de nuestro país en un año que centrará la atención de la población en dos grandes eventos: Las elecciones para Congreso y Presidencia de la República y el mundial de fútbol con participación de nuestra selección.

Sin desconocer el arduo trabajo político que representa la recolección de firmas para avalar una candidatura presidencial independiente de cualquier organización reconocida por la autoridad, también es necesario aceptar que tal hecho no garantiza debidamente un respaldo ciudadano con la suficiente fuerza para participar bajo condiciones mínimas de competitividad en un proceso electoral, así se hayan logrado recaudar cantidades muy por encima de las legalmente exigidas.

Al ser mi última columna de este año ya que el periódico no circula por tradición los dos siguientes jueves 25 de diciembre y 1 de enero, hoy dedico este espacio a la quema de todo lo malo que en este año le ocurrió a nuestro país, que nadie de bien quisiera continuar sufriendo y manifestar los mejores deseos para el nuevo año.

Imposible lograr que el gobierno y la dirigencia sindical entiendan la inconveniencia de un ajuste del salario mínimo sin considerar criterios técnicos de carácter inflacionario, productividad, de la alta informalidad de nuestra economía, solo con criterios políticos y personales

Las estrategias trazadas por el gobierno para asegurar su permanencia en el poder en la persona de otro personaje con características, antecedentes, ideología y pensamiento similares a Petro, reflejan resultados en las encuestas, aunque prematuras, favorables a tal propósito con una especie de población flotante en el campo político con su interés individual en el continuismo.

No es raro que Petro salga a defender a sus amigos negando de plano las irregularidades cometidas por ellos frente a denuncias sustentadas con pruebas y a quienes solo ha sostenido en el poder bajo la única exigencia de su lealtad personal hacia él, por encima de sus condiciones, habilidades profesionales, trayectoria o ajuste a los requisitos legales para su desempeño en la administración pública, mientras acusaciones en su cuenta de X contra sus opositores sin fundamento, debe luego rectificar por orden judicial.

Sin terminar de conmemorar y analizar las consecuencias y temas sin resolver del violento acontecimiento terrorista del Palacio de Justicia 40 años atrás, hoy de nuevo el país recuerda el otro, no menos trascendental y doloroso, esta vez por cuenta de la implacable fuerza de la naturaleza con 7 días de diferencia por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz que sepultó al municipio tolimense de Armero y cobró la vida de unas 25.000 personas.

Cuarenta años sin justicia, sin reparación para las víctimas, sin verdad clara, con impunidad para los directos responsables hoy premiados con las mieles del poder, miles de interrogantes aún sin respuesta y sin que la experiencia de la toma del Palacio de Justicia por el M19.